Robo millonario en la EMPA de Jiguaní: cigarros desviados al mercado negro

Trabajador de la EMPA en Jiguaní roba miles de cajetillas de cigarros y tabacos: la afectación supera los 10 millones de pesos y evidencia el colapso de la distribución estatal

Un trabajador de la Empresa Comercializadora Mayorista de Productos Alimenticios (EMPA) en el municipio de Jiguaní, provincia Granma, fue arrestado después de extraer del almacén de la entidad miles de cajetillas de cigarros y tabacos.

La afectación económica, según estimaciones preliminares, supera los 10 millones de pesos cubanos (CUP), una cifra que refleja la magnitud de un saqueo perpetrado desde dentro del propio sistema estatal.

El empleado aprovechó su acceso a los recursos del Estado para sustraer los productos del almacén de la empresa, que opera como intermediaria entre las fábricas estatales de Tabacuba y los puntos de venta al público en todo el país, según reveló el perfil oficialista de Facebook «Entérate con Aytana Alama».

«Esos productos, que debieron llegar a la red de comercio para el consumo del pueblo a precios establecidos, terminan en mercados informales con precios especulativos», señaló la publicación oficialista, que intentó presentar el arresto como una victoria del Estado en defensa de la población.

«Este acto no es solo un número en una hoja de balance; es un golpe directo a la población», escribieron.

Sin embargo, el hecho evidencia una vez más las grietas insalvables del sistema de distribución estatal cubano. No es un caso aislado: trabajadores con acceso a los almacenes desvían productos básicos hacia el mercado informal mientras la población enfrenta estantes vacíos y precios desorbitados.

La escasez de cigarros en Cuba se arrastra desde al menos principios de 2025, con precios en el mercado negro capitalino oscilando entre 200 y 1,500 pesos por cajetilla, frente a los 30 pesos del precio oficial fijado por la Resolución 63 del Ministerio de Finanzas y Precios. Una diferencia de hasta 50 veces que convierte el contrabando interno en un negocio millonario.

El autor del robo «ya se encuentra bajo proceso policial», según la publicación, aunque la fuente oficialista no precisó los cargos formales ni la fecha en que se producirá el juicio.

Jiguaní es un municipio con tradición tabacalera en el oriente cubano, con una producción anual de aproximadamente 1,200 toneladas de tabaco, lo que hace aún más llamativo que los productos destinados al consumo popular fueran desviados desde adentro del sistema estatal. La paradoja es cruel: mientras la tierra produce, la burocracia desvía.

El caso de Jiguaní se suma a una larga lista de escándalos de corrupción en empresas estatales que el régimen ha intentado combatir con campañas mediáticas y juicios ejemplarizantes, sin atacar las causas estructurales.

Este lunes, tres funcionarios de la Empresa de Conservas de Vegetales de Santiago de Cuba fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años por desviar más de cinco millones de pesos. En febrero, cinco trabajadores de la Empresa Mayorista de Alimentos de Las Tunas recibieron condenas de entre 11 y 13 años por malversación que afectó a 50,000 familias. Y ahora, en Jiguaní, otro empleado estatal ha sido arrestado por robar lo que debía distribuir.

El sistema de distribución cubano, centralizado, opaco y sin controles efectivos, es una máquina de producir escasez y corrupción. El trabajador detenido no es una excepción: es un síntoma. Mientras el régimen de Díaz-Canel insiste en culpar al bloqueo de la falta de productos, los almacenes estatales se vacían por dentro gracias a los propios empleados que deberían custodiar los recursos del pueblo.

Los cigarros que nunca llegaron a las tiendas terminan en el mercado negro, y los 10 millones de pesos robados son solo una fracción de lo que se esfuma en una economía donde el robo institucionalizado es la segunda naturaleza. El proceso policial contra este trabajador seguirá su curso. Pero mientras no cambie el modelo, el próximo expoliador ya está en otra EMPA, esperando su turno.