Organizaciones proinmigrantes demandan a USCIS por pausa adjudicativa que afecta a 39 países

Una coalición de organizaciones proinmigrantes presentó una demanda federal contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para frenar las políticas que han paralizado desde enero de 2026 la adjudicación de beneficios migratorios esenciales. La acción, impulsada por entidades como National Immigration Law Center, Democracy Forward e IMMpact Litigation, busca detener lo que describen como una “pausa adjudicativa ilegal y discriminatoria”.

La demanda llega en un momento crítico: miles de familias, incluyendo cubanas, venezolanas, haitianas y nicaragüenses, permanecen en un limbo migratorio sin decisiones sobre asilo, permisos de trabajo o residencia permanente. Entre las medidas impugnadas se encuentran la suspensión nacional de asilos afirmativos, la congelación de beneficios para ciudadanos de 39 países, la revisión de casos ya aprobados y el uso del país de nacimiento como criterio negativo.

Los demandantes sostienen que estas políticas violan la ley federal, generan inseguridad jurídica y criminalizan comunidades enteras. En febrero de 2026, una jueza federal ordenó levantar la pausa para un grupo específico de solicitantes, señalando que la retención de casos era “probablemente ilegal”. Este precedente fortalece la nueva demanda colectiva, que busca obligar a USCIS a reanudar adjudicaciones y declarar ilegales los vetos por nacionalidad.

El litigio, presentado en marzo de 2026, se encuentra en curso y acepta nuevos demandantes hasta el 20 de marzo. Para comunidades como la cubana, venezolana y haitiana, la decisión judicial será determinante para acceder a protección, empleo y estatus legal. Analistas advierten que el caso podría redefinir la política migratoria estadounidense y restaurar la estabilidad de un sistema que hoy enfrenta un colapso administrativo.