Ocho años de batalla legal destapan falsificación masiva de documentos de avión y contratos ilegales en Cuba

Ocho años de batalla legal destapan falsificación masiva de documentos de avión y revelan contratos ilegales de funcionarios cubanos

Durante ocho años, las autoridades mexicanas de aviación civil —la extinta Dirección General de Aviación Civil y la FAC— se negaron a entregar los documentos que probaban una trama de corrupción aeronáutica. Cerraron puertas, ocultaron pruebas y obligaron a los denunciantes a recurrir a amparos, sentencias, recursos e investigaciones penales. Finalmente, la evidencia salió a la luz: los registros integrales de mantenimiento del avión habían sido falsificados por la dirección de la empresa.

No es un error administrativo. Es una operación orquestada para simular que una nave en mal estado estaba lista para surcar los cielos. Fueron una decisión de la cúpula empresarial. Y lo más grave es que, a pesar de que otros funcionarios cubanos ya habían prohibido contratar con esta misma empresa por irregularidades previas, en Cuba se firmaron contratos. Sabiendo. O debiendo saber.

La sentencia reciente —que por ahora solo afecta a cuatro personas— es apenas la punta del iceberg. Los despachos español y mexicano que llevan estas acciones no se detienen ahí. Han impulsado una acción colectiva en la que están demandados no solo Damo Manuel Rodríguez Campa, sino también la aseguradora mexicana Vepormax, Boeing y otras compañías de seguros que permitieron que el avión volara pese a las evidencias en su contra.

Este caso tiene ramificaciones internacionales. La falsificación de documentos de mantenimiento no es un delito menor: pone en riesgo vidas humanas y expone un sistema de supervisión aeronáutica podrido desde sus cimientos. En México, la FAC y la DGAC actuaron como cómplices pasivos, negando información hasta que los amparos judiciales les retorcieron el brazo. En Estados Unidos, Boeing aparece en el banquillo de los acusados. Y en Cuba, la conexión es directa: contrataron a esta misma empresa a pesar de que ya existían alertas y prohibiciones internas.

Este entramado es la consecuencia de un sistema donde las aerolíneas, las aseguradoras y los reguladores miran hacia otro lado mientras los papeles se falsifican. El afán de lucro, la falta de controles independientes y la impunidad judicial crean el caldo de cultivo perfecto para que un avión con mantenimiento trucho siga volando. Y cuando las autoridades mexicanas se niegan a entregar documentos durante ocho años, no protegen la seguridad: protegen a los responsables.

El gobierno de México, a través de sus entidades aeronáuticas, ha mostrado una resistencia obscena a esclarecer los hechos. Hubo que recurrir a amparos, sentencias y hasta investigaciones penales para arrancarles la verdad. Las aseguradoras, por su parte, prefirieron cobrar primas antes que verificar la autenticidad de los registros. Boeing, gigante estadounidense, tampoco sale bien parado. Pero el capítulo más indignante es el cubano: funcionarios de la isla tenían prohibido contratar con esta empresa, y sin embargo, firmaron. ¿Coincidencia? ¿Negligencia? ¿Comisión?

Damo Manuel Rodríguez Campa, Vepormax, Boeing y las otras aseguradoras no son víctimas de un malentendido. No hay héroes aquí. Solo responsables que todavía no han pagado todas sus deudas con la justicia.

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