Cuba convierte a MIPYMES y trabajadores por cuenta propia en informantes obligados del Estado

El gobierno de Cuba publicó este miércoles en la Gaceta Oficial la Resolución 86 del Ministerio de Finanzas y Precios, una norma que convierte a trabajadores por cuenta propia, MIPYMES, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local en informantes obligados del Estado.

La medida impone a quienes llevan la contabilidad —tenedores de libros— la responsabilidad de reportar cualquier operación que consideren “sospechosa”, incluso sin pruebas, y sin informar al cliente implicado, bajo estricta confidencialidad.

En la práctica, el país traslada funciones clave de vigilancia financiera al sector privado, que en su mayoría está compuesto por MIPYMES, reforzando aún más el control sobre una economía ya fuertemente regulada.

Entre las exigencias más polémicas está la obligación de emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), verificar listas internacionales y nacionales vinculadas al terrorismo antes de prestar servicios, y almacenar información durante cinco años. Además, deberán cooperar obligatoriamente con las autoridades cuando estas lo exijan.

El Ministerio de Finanzas, la ONAT y otras estructuras estatales podrán inspeccionar, supervisar y sancionar, e incluso escalar casos hacia la Fiscalía o el Ministerio del Interior.

Esta nueva regulación se suma a una cadena de medidas restrictivas en Cuba contra el sector privado: desde la eliminación del comercio mayorista para MIPYMES hasta multas que alcanzan los 72,000 pesos, además de la futura imposición de la facturación electrónica y mayores controles sobre el uso de divisas.

Aunque el gobierno justifica la norma como parte de su estrategia contra el delito y en cumplimiento de compromisos internacionales, lo cierto es que aumenta la presión sobre emprendedores que ya operan en medio de una profunda crisis económica.

Con más de 11,000 MIPYMES que sostienen una parte significativa del empleo y los ingresos fiscales del país, el sector privado queda ahora, en gran medida, convertido en un brazo más del sistema de control estatal.