Fijan para el 30 de enero el juicio contra las intelectuales cubanas Alina Bárbara López y Jenny Pantoja tras meses de dilaciones

El juicio contra Alina Bárbara López y Jenny Pantoja fue fijado para el 30 de enero en Matanzas, tras más de siete meses de retrasos.

Fijan para el 30 de enero el juicio contra las intelectuales cubanas Alina Bárbara López y Jenny Pantoja tras meses de dilaciones

El régimen cubano fijó para el 30 de enero de 2026 el juicio contra la historiadora Alina Bárbara López Hernández y la antropóloga Jenny Pantoja Torres, dos de las voces intelectuales más críticas dentro de la isla. Tras más de siete meses de dilaciones procesales, ambas fueron citadas al Tribunal Municipal de Matanzas.

📌 Antecedentes del caso: Las activistas fueron instruidas de cargos en junio de 2024, acusadas de delitos que ellas califican como fabricados por la policía política. El proceso se ha extendido por más de un año, lo que atribuyen al costo político de juzgar a mujeres con reconocimiento académico y social. La acusación busca imponer una sanción de trabajo correccional sin internamiento, pese a que ambas sostienen no haber cometido delito alguno.

📌 Declaraciones de Alina Bárbara López: En mensajes públicos, López afirmó que “el juicio no puede considerarse ordinario, sino una puesta en escena sin posibilidades de absolución”. También aseguró que “no aceptaremos sanciones ni reconoceremos una culpa inexistente” y que agotarán “todas las vías legales posibles, aunque ello implique prisión”.

📌 Impacto político y social: Diversas organizaciones de derechos humanos señalan que el caso refleja el uso del sistema judicial como herramienta de castigo político. La comunidad intelectual y académica dentro y fuera de Cuba sigue de cerca el proceso, considerándolo una prueba del nivel de presión institucional sobre voces críticas.

📌 Lecturas y análisis del caso: Analistas consultados por medios independientes sostienen que el juicio tiene un carácter ejemplarizante y que forma parte de un patrón de procesos dirigidos contra figuras con influencia pública. Señalan que el caso ocurre en un contexto de creciente tensión social y cuestionamientos sobre la independencia judicial en la isla.

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