Inspectores extorsionan a cuentapropistas en Cuba con facturas millonarias

Inspectores en Cuba extorsionan a cuentapropistas exigiendo facturas millonarias bajo amenaza de multa

El escalofriante caso de inspectores en Cuba que extorsionan y multan a cuentapropistas sin justificación ha vuelto a sacudir la red de negocios privados, poniendo al descubierto el saqueo institucionalizado que sufre el sector no estatal. Un comerciante de La Habana relató cómo funcionarias del Poder Popular lo amenazaron con aplicar una sanción económica pese a no encontrar ninguna irregularidad en su establecimiento, argumentando cínicamente que “están obligados a llegar con resultados”.

La mecánica de este asalto a mano armada burocrática es bien conocida por los emprendedores de la isla. Ante la falsa advertencia de una multa, las inspectoras exigieron al dueño una “facturita” para su consumo personal que no bajó de los 7.000 pesos. El requisito no dejó margen de negociación: las funcionarias seleccionaron personalmente los productos más costosos del local. Este modus operandi demuestra que el objetivo de las inspecciones no es el ordenamiento legal, sino la confiscación disfrazada de control.

Para justificar la extorsión, las inspectoras buscaron un pretexto absurdo: multaron al establecimiento porque la dependienta tenía las uñas pintadas. El comerciante argumentó que todos sus productos eran envasados de fábrica, eliminando cualquier riesgo de contaminación, pero la lógica no frenó la sanción. A esta arbitrariedad se suma una nueva medida diseñada para exprimir aún más a los negocios: la obligación de firmar un contrato pagado con los servicios comunales para la recogida de desechos, bajo la excusa de que la basura de una cafetería no se puede mezclar con la doméstica. Un cobro que, según relatan, no garantiza ni siquiera que la basura sea recogida.

Este tipo de prácticas desenmascaran la hipocresía del discurso oficial que habla de apoyo al sector privado mientras lo asfixia. Cuando los propios inspectores confiesan que deben “llegar con resultados”, se evidencia que la estructura estatal funciona como una red de extorsión sistémica. El gobierno utiliza a estos funcionarios como recaudadores ilegales para suplir su propia incapacidad económica, destruyendo la iniciativa ciudadana bajo un clima de impunidad total donde el cuentapropista es tratado como una presa legal.