Expertos acusan al gobierno de Bukele de presuntos crímenes de lesa humanidad

¿Un medio para un fin?

Un grupo de juristas internacionales acusó al gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de cometer presuntos crímenes de lesa humanidad durante la ofensiva contra las pandillas bajo el estado de excepción vigente en el país.

La denuncia fue presentada en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ciudad de Guatemala, donde expertos expusieron un informe elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

Según el documento, en el contexto de la estrategia de seguridad se habrían registrado encarcelamientos arbitrarios, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución, actos considerados inhumanos bajo el derecho internacional. “Existen bases razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad”, afirmó Ignacio Jovtis, director para Latinoamérica de InterJust.

Detenciones masivas y muertes bajo custodia

El informe señala que cerca de 90.000 personas han sido encarceladas en casi cuatro años de aplicación del estado de excepción, aunque unas 8.000 fueron liberadas por falta de pruebas. También se documentan 403 muertes bajo custodia estatal, incluidas cuatro menores de edad, y 540 denuncias de desaparición forzada.

Los especialistas sostienen que no se trata de incidentes aislados, sino de un patrón sistemático. “No se trata de casos aislados, sino de una política en la que se cometen crímenes a gran escala”, aseguró José Guevara, experto en derecho humanitario.

Denuncias adicionales

La organización salvadoreña Cristosal denunció la existencia de 86 presos políticos y campañas de estigmatización contra medios y organizaciones críticas. El informe también advierte que este clima político habría facilitado cambios institucionales, incluida la reelección indefinida instaurada en 2025.

El gobierno, por su parte, defiende que las medidas han sido fundamentales para reducir la violencia de las pandillas y recuperar el control territorial.