Cuba autoriza al sector privado a gestionar residencias para ancianos y personas con discapacidad

El Gobierno cubano autorizó al sector privado a gestionar residencias para ancianos y personas con discapacidad, en medio de la crisis.

Cuba autoriza al sector privado a gestionar residencias para ancianos y personas con discapacidad

Aumentan las libertades para el sector privado en Cuba

El Gobierno cubano aprobó la creación y gestión de residencias privadas destinadas al cuidado de adultos mayores y personas en situación de discapacidad, según el Acuerdo 10249/2025 publicado en la Gaceta Oficial número 23. La medida, firmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, forma parte del desarrollo del Decreto 109, que regula el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida.

La normativa permite que trabajadores por cuenta propia, mipymes y cooperativas gestionen residencias bajo tres modalidades: cuidados diurnos, cuidados permanentes o servicios combinados. Estas instalaciones deberán cumplir requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y contar con la aprobación del Director General de Salud municipal.

El acuerdo reconoce que Cuba enfrenta un rápido envejecimiento poblacional y que las capacidades estatales son insuficientes para cubrir la creciente demanda de servicios de cuidado. La apertura al sector privado busca aliviar la presión sobre un sistema que arrastra años de deterioro y falta de infraestructura.

La autorización entrará en vigor en un plazo de 30 días y permitirá la creación de residencias tanto para atención temporal como permanente. Estas instituciones podrán ofrecer alimentación, asistencia básica, supervisión médica y actividades de apoyo, siempre bajo supervisión sanitaria.

La decisión marca un giro significativo en la política social cubana, ya que se trata de servicios tradicionalmente controlados por el Estado. La medida llega en un contexto de crisis económica, escasez de personal especializado y creciente demanda de cuidados por parte de una población cada vez más envejecida.

No obstante, persisten dudas sobre la capacidad real de supervisión del Estado, los costos que enfrentarán las familias y la calidad del servicio en un entorno marcado por desigualdades económicas.

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