Cuba anuncia profunda reforma de la canasta familiar normada a partir de abril de 2026

El Gobierno cubano anunció que a partir de abril de 2026 entrará en vigor un nuevo esquema de distribución de la canasta familiar normada, considerado la reforma más profunda desde la creación del sistema de racionamiento en 1962.

La medida, confirmada en reuniones oficiales en La Habana, busca redirigir los subsidios hacia las personas y no hacia los productos, en medio de la severa crisis alimentaria y energética que atraviesa el país. Según las autoridades, el objetivo es “focalizar los recursos” y “garantizar mayor justicia social”, aunque la población recibe el anuncio con preocupación.

Los detalles oficiales indican que algunos alimentos y bienes básicos dejarán de estar incluidos en la libreta de abastecimiento con precios subsidiados. En su lugar, se implementará un sistema en el que ciertos productos pasarán a venderse liberados, con tarifas diferenciadas según el nivel de subsidio asignado a cada familia. El cambio ocurre en un contexto marcado por la escasez de combustible, alimentos y recursos esenciales.

Durante décadas, la canasta familiar normada ha funcionado como un mecanismo estatal para garantizar un acceso mínimo a productos básicos. Sin embargo, la crisis económica ha vuelto insostenible el modelo. Las autoridades aseguran que las familias con menos recursos recibirán subsidios más altos, mientras que otros hogares deberán asumir precios liberados. Esto ha generado incertidumbre ante un posible aumento del costo de vida y una mayor desigualdad en el acceso a bienes esenciales.

La crítica editorial apunta a que la reforma marca un giro profundo en la política social cubana. El Estado deja de garantizar productos subsidiados para todos y pasa a un esquema selectivo. Aunque el discurso oficial habla de eficiencia y justicia, la realidad es que millones de familias enfrentarán mayores gastos en un escenario de inflación, escasez y salarios insuficientes.

La libreta de abastecimiento, pese a sus limitaciones, ha sido vista como un símbolo de seguridad mínima. El nuevo sistema plantea una pregunta clave: ¿protegerá realmente a los más vulnerables o se convertirá en otro golpe al bolsillo de la población?