Condenan a tres personas en Santiago de Cuba por malversar más de cinco millones de pesos

Condenan a tres personas en Santiago de Cuba a penas de hasta 15 años por malversar más de cinco millones de pesos de una empresa estatal

La Sala Primera Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba condenó a tres personas a penas de entre 10 y 15 años de prisión por malversación de fondos estatales, en el marco de la causa 19 de 2026 por corrupción administrativa.

Los acusados, aprovechando un crédito bancario de 20 millones de pesos aprobado para una Unidad Empresarial Base perteneciente a la Empresa de Conservas de Vegetales de Santiago de Cuba, realizaron cuatro transferencias fraudulentas por un total de 5.175.504 pesos hacia la cuenta personal de una de las implicadas, y luego se repartieron entre ellos 3.986.504 pesos.

Amarilis Téllez Torres, contadora C de la entidad estatal, recibió la pena más severa: 15 años de prisión. Su cómplice Julio César Palacios Peralta, jefe del Grupo Contable Financiero de la misma empresa, fue condenado a 14 años.

María Luisa Creme Quiroga, económica de una cooperativa de créditos y servicios, obtuvo una condena de 10 años; fue ella quien recibió en su cuenta personal los fondos desviados.

Además, utilizó parte del dinero para adquirir dos mil dólares estadounidenses a un cuarto implicado, Kenly Hierrezuelo Téllez, pagando más de 1.195.000 pesos por esa operación. Hierrezuelo fue sancionado con una multa de 600 cuotas de cuarenta pesos cada una por tráfico ilegal de moneda nacional y divisas.

El tribunal calificó los hechos como falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado para cometer malversación, delito que tiene un marco sancionador de ocho a veinte años de prisión.

Como sanciones accesorias, los tres principales condenados enfrentan privación de derechos públicos y prohibición de salida del territorio nacional. Téllez y Palacios también quedaron inhabilitados para ejercer cargos vinculados a la actividad económica, y todos deberán resarcir a la entidad afectada con el total del dinero defraudado.

En julio de 2025, el régimen lanzó una campaña formal contra la corrupción con advertencias de penas de hasta veinte años, pero los casos siguen apareciendo. El antecedente más cercano en Santiago de Cuba fue en mayo de 2024, cuando 78 personas fueron detenidas por desviar productos básicos desde el puerto Guillermón Moncada hacia mercados informales, con afectaciones valoradas en al menos nueve millones de pesos.

A nivel nacional, el caso más emblemático de 2026 es la condena a cadena perpetua del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, ratificada por el Tribunal Supremo Popular en enero, por espionaje y delitos de corrupción que incluían malversación, cohecho y lavado de activos.

En Sancti Spíritus, cinco funcionarios de una empresa agropecuaria fueron sancionados en agosto de 2025 por negligencia y malversación que causaron pérdidas de más de 97 millones de pesos, una cifra que da idea de la magnitud del robo cotidiano en las arcas del Estado.

El mensaje del régimen es contradictorio: castiga a unos pocos —generalmente a los que no tienen suficiente poder o contactos— mientras el sistema que permite y fomenta la corrupción sigue intacto. Las penas ejemplares no resuelven el problema estructural de una economía donde los controles son deficientes, la transparencia brilla por su ausencia, y la impunidad es la norma para los que están bien conectados.

Mientras tanto, los cubanos de a pie siguen haciendo colas de madrugada para comprar un pan, y el dinero que falta en las cuentas de las empresas estatales —millones de pesos que se esfuman en transferencias fraudulentas— es el mismo que podría haber servido para reparar una termoeléctrica o comprar medicinas.