14 años de cárcel en Holguín por cultivo de marihuana

Condenan a 14 años de prisión por cultivo de marihuana en Holguín bajo política punitiva

Una condena de 14 años de prisión por cultivo de marihuana en Holguín ha puesto de manifiesto la ineficacia y el carácter puramente represivo de la política antidrogas del régimen cubano. El Tribunal Provincial Popular sentenció a un hombre en el municipio de Banes por poseer 429 plantas de cannabis y poco más de 11.000 pesos, en un juicio calificado por las autoridades como “ejemplarizante” dentro de su supuesta estrategia de “tolerancia cero”.

Sin embargo, más allá de la fanfarria mediática oficial, las cifras independientes desnudan la realidad de un sistema que ha perdido el control total. Mientras el Estado exhibe cautivos y aplica cadenas perpetuas de una década y media por delitos de bagaje, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó un escalofriante incremento del 115% en los hechos de producción, venta y consumo de estupefacientes en 2025. El endurecimiento desproporcionado de las penas, como los 15 años de cárcel impuestos en Artemisa por portar apenas 1,74 gramos de “químico”, no ha logrado frenar ni un ápice el avance del narcotráfico en la isla.

La proliferación de al menos 40 variantes de cannabinoides sintéticos en las calles cubanas demuestra que la represión penal no es una solución, sino un parche criminalizante. El enfoque punitivo del Código Penal, que amenaza con hasta 30 años de cárcel, no ataca las raíces del problema: la profunda crisis socioeconómica, la desesperación de una juventud sin perspectivas y la penetración profunda de redes de crimen organizado que actúan con total impunidad.

El discurso oficial se aferra a la retórica de las convenciones internacionales y a supuestas garantías procesales para justificar el uso del aparato judicial como mecanismo de terror. En un país donde las mafias logran introducir toneladas de drogas y expansivos laboratorios de químicos letales, perseguir con saña a un pequeño cultivador en un cercado de varas de madera no es justicia, sino un show de fuerza de un gobierno que prefiere criminalizar la pobreza y la adicción antes que reconocer su colosal fracaso en seguridad ciudadana.